Cerca de 2.000 millones de personas en el mundo no tienen acceso a
sistemas sanitarios. Unos 100 millones de personas caen cada año en la
pobreza extrema, sin poder costearse la salud.
La cobertura sanitaria universal es uno de los objetivos de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial (BM). Los
Estados Miembros de la OMS se comprometieron en 2005 a adecuar sus
sistemas de financiación sanitaria para la consecución de tal propósito,
inspirado en la Declaración de Alma-Ata (Kazajstán) de 1978.
En 2012, Francia, Brasil, Tailandia, Indonesia, Sudáfrica, Senegal y
Noruega presentaron una propuesta ante la Asamblea General de la ONU
contra la injusticia sanitaria. La resolución recibió apoyo global para
intentar acabar con las desigualdades y las barreras de acceso a la
sanidad. La ONU pretende incluir esta reclamación en los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) a partir de 2015.
Una de las condiciones imprescindibles es evitar el pago directo por
el servicio en los centros. Lo idóneo sería sustituir este procedimiento
por el de prepago con mancomunación de riesgos, aunque es cierto que en
algunos casos no resultaría inapropiado el copago por parte de las
rentas más altas.
Los sistemas veladores de la salud requieren grandes inversiones por
parte de los gobiernos. El cada vez mayor número de enfermos y el
elevado precio de las nuevas tecnologías y medicamentos incrementan el
tamaño de las inversiones que se necesitan. No siempre se destinan los
recursos necesarios. En 2013, 79 países, la mayoría empobrecidos,
gastaron menos del 10% de su presupuesto en sanidad. Según la OMS, si
los países de la Unión Africana (UA) aumentaran su inversión sanitaria
al 15%, como se comprometieron en 2001 en la Declaración de Abuja,
contarían con 29.000 millones de dólares más para servicios de salud.
Existen 49 países que invierten por persona la mitad de que se
necesita para cumplir los objetivos. Incrementar los porcentajes se
presenta como una solución indiscutible. Los gobiernos podrían ingresar
impuestos de forma progresiva -quien más tiene, más aporta-, destinados
de forma exclusiva a los ministerios de Sanidad. También es importante
mejorar la eficiencia en la recaudación de impuestos, como ha hecho
Indonesia con la reforma de su sistema fiscal.
Algunos países han desarrollado nuevas formas de recaudación con los
llamados “impuestos de castigo”. Gravan aquellos productos perjudiciales
para la salud como el tabaco, el alcohol, las bebidas azucaradas o los
productos muy grasos.
Mediante este tributo se pretende un doble beneficio: se obtiene más
financiación y se reducen posibles riesgos en la salud de la población
con el consiguiente ahorro futuro. En algunos países empobrecidos estos
tributos permitirían un aumento de más del 25% en el presupuesto
sanitario. Los impuestos sobre las transacciones de divisas ofrecen otra
posibilidad de obtener ingresos.
Más de 40 países no pueden hacerse cargo con sus propios medios de
sistemas de sanidad básicos. Por ello, junto a la financiación interna,
aparece como imprescindible la Ayuda Oficial al Desarrollo, muy mermada
en casi todos los países.
De nada sirven los recursos internos y externos si, como indica la
OMS, entre el 20% y el 40% de los recursos sanitarios se malgastan.
También se ha de vigilar el sobreuso de tecnologías y fármacos y apostar
por los medicamentos genéricos, idénticos a los de marca y más baratos.
Los países que aspiran a tener una sanidad justa han de seguir los
ejemplos de otros donde la meta de la cobertura universal se ha
aproximado bastante como Brasil, Chile, China, México, Ruanda o
Tailandia.
Los medios y la ciencia existen y, si los recursos se emplean de
forma eficiente y equitativa, el objetivo de la cobertura universal
puede alcanzarse. Lo único que falta, y lo más importante, es la
voluntad política global. Es posible evitar que millones de familias
tengan que vender lo poco que tienen y se vean obligadas a elegir entre
pagar por su salud o por alimentos y educación. La OMS dice que si se
establecieran las vacunaciones sistemáticas, 16 millones de niños
menores de 5 años salvarían la vida al año. El acceso sanitario
universal es exigible como derecho humano.
No hay comentarios:
Publicar un comentario